Los juzgadores que sentenciaron a un inocente y los que propiciaron que una niña abusada sea puesta delante de su agresor, fueron retirados ayer del Poder Judicial. Amabol critica la medida
El tsunami que provocó un fallo equivocado, condenando a un inocente a 30 años de prisión, sigue haciendo rodar las cabezas de más operadores de justicia que se vieron involucrados en esta decisión.
El Consejo de la Magistratura hizo conocer ayer la decisión que asumieron, en un acuerdo de sala plena, en la que se agradece por sus funciones a los jueces técnicos del Tribunal 12º de Sentencia, Mery Yanet Mojica Peña y Alberto Luis Paz Casupá, que sentenciaron a 30 años de cárcel por un feminicidio que no cometió a Reynaldo Ramírez Vale.
El comunicado de los consejeros, aclara que ambos juzgadores no gozan de la inamovilidad laboral, por lo que su destitución se enmarca en la transitoriedad de los servidores judiciales. Wilber Choque, titular del Consejo de la Magistratura, indicó que se continuará con el proceso de renovación de jueces en el país y que los cargos que queden vacantes, serán cubiertos por juzgadores de carrera formados en la Escuela de Jueces del Estado.
Por exponer a menor
Además de la destitución de Mojica y Paz, el Consejo de la Magistratura ordenó el retiro de los jueces técnicos del tribunal 11º de sentencia, Yovanna Gómez Mendoza y Rubén Rivera Hurtado, que la semana pasada expusieron a una niña que había sido víctima de violación ante su agresor sexual.
El hecho generó una suerte de reacciones en contra de los juzgadores, principalmente a través de las redes sociales. Incluso el ministro de Justicia, Héctor Arce, pidió a través de su cuenta en Twiter que el Consejo de la Magistratura se pronuncie y actúe sobre el caso.
La juez Gómez, defendió la decisión que asumió en la audiencia de toma de declaraciones a la víctima, señalando que cumplió con los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal, además de afirmar que no era la primera vez que se procedía de esta manera. Sin embargo, los consejeros también agradecieron el trabajo de Gómez y de Rivera, que deberán dejar sus despachos y defenderse de los procesos que se puedan abrir en su contra por su accionar.
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Teresa Lourdes Ardaya, indicó que ella no tiene la atribución para determinar la destitución de ningún juez y que esta determinación solo la pueden asumir los consejeros, que tienen por tarea encargarse de estas acciones. Por su parte el presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), David Rosales, cuestionó la determinación asumida por los consejeros, ya que indicó que se debería haber realizado un proceso disciplinario contra los jueces cuestionados y luego decidir si procedía o no, su retiro del Poder Judicial. Desde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, se hizo conocer que se ha iniciado un proceso penal contra Gómez y Rivera.
Denuncia gubernamental
La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, dijo que pedirán la sanción para dos funcionarias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la Alcaldía de Santa Cruz, por haber avalado la audiencia en la que se revictimizó a la niña que había sido violada. En criterio de la autoridad gubernamental, las dos funcionarias municipales debieron haberse retirado de la audiencia de juicio oral que se lleva adelante en el tribunal de los jueces destituidos, Gómez y Rivera, para no avalar un acto violatorio a los derechos de la niña.
La directora de Transparencia y Niñez del mismo ministerio, Ninoska Durán, indicó que hay procedimientos para evitar el daño a la víctima, como la audiencia en la Cámara Gesell y presentar solo los audios de esta pericia al tribunal.
Las dos autoridades nacionales están extrañadas porque no recibieron, hasta ahora, los informes de la audiencia del caso por lo que el lunes presentarán una denuncia en contra de los funcionarios que tuvieran alguna responsabilidad en el acto que derivó en la destitución de los jueces técnicos. Finalmente, indicaron que se detectó en este proceso una posible retardación de justicia, porque se observó las suspensiones reiteradas de las audiencias de este juicio.
Resarcimiento de daños
El presidente de la Magistratura explicó que el Código de Procedimiento Penal establece la modalidad de resarcimiento a una persona afectada. Es así que “la persona damnificada por un error judicial tiene que hacer su solicitud ante un juez de Sentencia de Santa Cruz, pidiendo la reparación del daño conforme al Código de Procedimiento Penal y conforme a la Constitución”, sostuvo.
En ese marco, el Estado tiene que hacer el resarcimiento mediante la Dirección Administrativa Financiera. Luego “la Dirección Administrativa tiene que asegurarse que las personas que han cometido (el error) tengan que devolver al Estado lo que vaya (a desembolsarse) para la reparación del daño”, apuntó.
Crean red de profesionales para asistir gratis a víctimas
Un grupo de abogadas, sicólogos y siquiatras, liderados por la jurista Jéssica Echeverría, lanzaron, el jueves 6 de julio, la Red Ciudadana contra infanticidio y abuso sexual, una plataforma creada para defender de forma gratuita a niños y niñas de escasos recursos que resulten víctimas de estos delitos. Echeverría, exparlamentaria y activista contra el abuso infantil, manifestó que la conformación de la red fue madurando a medida de que se iba enterando de casos de ultrajes a menores y por el impulso ciudadano en las redes sociales. Recuerda que la violación y muerte de la niña Alison (6) a manos de su tio y sus primos la urgió a hacer realidad el plan. La plataforma no tiene una oficina física, pero sus miembros se conectan por las redes sociales e intervienen según el lugar donde se encuentren. A decir de Echeverría, el movimiento está creciendo más rápido de lo esperado, pues ya funciona en La Paz y en Tarija, y pronto se unirán profesionales de Cochabamba. “Queremos llegar a todos los municipios de Santa Cruz, porque sabemos que hay lugares donde los fiscales no llegan”, dijo Jéssica. El exdefensor del pueblo, Hernán Cabrera, también es otro activista en favor de la niñez en situación de riesgo.
Fuente: El Deber
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